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El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor César García Magán comenzaba su rueda de prensa tras finalizar la Asamblea Plenaria de los Obispos con una consideración sobre la nota que acababa de publicar la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida a propósito de la maternidad subrogada.
En esa consideración expresaba que la nota no se realizaba por ningún caso personal ni público del cual en estos días se estaba hablando en la opinión pública española.
Con estas palabras se estaba haciendo alusión a la polémica suscitada tras la noticia mediante la cual Ana Obregón había podido ser abuela gracias a la “maternidad subrogada”. Difícil deslindar la nota de los obispos ante la noticia que ha propiciado consideraciones política y sociales.
La nota explican los obispos se realiza, “ante tanta tiniebla originada por las leyes injustas promulgadas contra la vida y la dignidad de todo ser humano” y por ello recuerdan “con la mejor voluntad la enseñanza de la Iglesia, siempre en favor del hombre y de su dignidad”.
Recuerdan los documentos en los que la Iglesia se ha pronunciado sobre la maternidad sustitutiva o gestación subrogada (especialmente la Instrucción Donum Vitae y la Instrucción Dignitas Personae). Ante estos documentos afirman que “la maternidad por subrogación es, inequívocamente, una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a la dignidad de la persona humana, pues usa el cuerpo femenino, y toda su persona, reduciéndola a ser una incubadora humana”.
De igual manera explican que “hay una fecundación artificial heteróloga que es contraria a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Recordemos que el fin nunca justifica los medios y que toda persona humana es fin en sí mismo”.
Finalmente expresan que con el llamado “útero de alquiler” “se convierte la maternidad en objeto de comercio, que se compra y se vende. La mujer queda reducida a un simple instrumento, un útero a disposición del contratante, abriendo el camino a la explotación y a la comercialización de la persona humana. El contrato se culmina con la entrega del niño”.
En la nota hecha pública momentos antes de la rueda de prensa se explica que una vida humana “es un don y no un derecho” y que “no existe un derecho a la procreación” y por tanto un “derecho al hijo”.
Terminan su nota mostrando la necesidad de buscar siempre “el bien del niño”: “La vida de ningún niño nunca debe ser tratada como algo sometido al tráfico y al comercio. Debería buscarse en primer lugar el bien del menor, y no que éste quede supeditado al deseo de los comitentes y a su decisión. Por otro lado, la posibilidad de abandono de niños (real, sucedida en algunos países por partos gemelares, por patología o por preferencia de sexo), supone una grave marginación que atenta contra el principio de no discriminación del menor o de toda persona discapacitada”.