Para ayudar a Aleteia a continuar su misión, haga una donación. De este modo, el futuro de Aleteia será también el suyo.
En una decisión absolutamente arbitraria –venganza de por medio—Daniel Ortega Saavedra y su esposa, Rosario Murillo, han dado un paso más hacia la consolidación de la dictadura en Nicaragua. Han condenado a 26 años de prisión al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez.
La «justicia» nicaragüense, totalmente afín a los designios de la pareja presidencial, ordenó al magistrado Octavio Rothschuh Andino, presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) leer ayer viernes la sentencia.
Son 26 años más cuatro años de prisión para el obispo Álvarez quien se negó a ser uno de los 222 exiliados que debían abordar un vuelo(tras perder su nacionalidad y quedar imposibilitados de regresar a su Patria) a los Estados Unidos.
El prelado nicaragüense –acusado de subversión y delitos contra la estabilidad del Estado– dijo que él se quedaba en su país, purgando las penas de quienes se tenían que marchar (entre quienes estaban al menos siete excandidatos a la presidencia de la República) al exilio.
El magistrado Rothschuh Andino adelantó la sentencia en contra del obispo Álvarez, toda vez que su juicio estaba programado para el día 15 de este mes de febrero, lo que hace pensar que jamás existió el debido proceso jurídico al que toda persona tiene derecho.
Culpable y con nuevos delitos agregados
«Declárese culpable por los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y la comunicación, obstrucción de las funciones, agravada desobediencia o desacato a la autoridad», dijo Rothschuh Andino, repitiendo la orden de Ortega.
Consultada por AP, la abogada Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), dijo que el juez «agregó arbitrariamente y a última hora» nuevos delitos contra monseñor Álvarez que no estaban incluidos en la sentencia inicial.
Hay que recordar que La sentencia original mencionaba los delitos de «conspiración» y «propagación de noticias falsas», a los que sumaron luego los cargos de «obstrucción de funciones agravadas» y «desacato a la autoridad», entre otras falsedades que llevaron la impronta de la venganza en contra del obispo Álvarez por parte de la pareja presidencial nicaragüense.
En resumen, la sentencia leída por el magistrado sandinista Rothschuh Andino, dice que son diez años de cárcel por el supuesto delito de «conspiración»; diez años de cárcel por el supuesto delito de «propagación de noticias falsas»; cinco años y cuatro meses de cárcel por el supuesto delito de «obstrucción de funciones agravada» y un año de cárcel por el supuesto delito de «desacato a la autoridad».
Inhabilitación
Además, fue sancionado con 800 días multa, equivalentes a 56 461 córdobas o 1555 dólares. Y fue inhabilitado de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular.
«Del mismo modo se declara la pérdida de los derechos ciudadanos del condenado, misma que tendrá carácter perpetuo, todo esto por ser autor del delito de menoscabo de la integridad nacional en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense», según el fallo.
La pregunta que todo el mundo se hace es: ¿hasta cuándo se mantendrá el silencio en torno a los despropósitos del dictador nicaragüense en contra de la Iglesia católica?
Por lo pronto, quien sí se pronunció sobre lo sucedido, como es habitual, fue el obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio José Báez, quien desde el exilio en Miami calificó de «irracional y desenfrenado el odio de la dictadura de Nicaragua contra Mons. Rolando Alvarez».
