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La parroquia de Santo Domingo de Guzmán de las Sierritas, en Nicaragua, tuvo que emitir dos comunicados en los últimos días.
El mensaje más reciente contó el agradecimiento a la Policía Nacional por la disposición para la coordinación sobre la manera en que se desarrollarán las actividades en torno al uso del espacio público durante el recorrido de la réplica de Santo Domingo (conocido como «El Mocito») previo a las festividades del mes de agosto.
Sin embargo, en un primer comunicado fechado el 6 de febrero, la parroquia Santo Domingo de Guzmán había informado a las familias de la comunidad que por orientación de la Policía Nacional el recorrido previsto en febrero «no podía realizarse del modo tradicional».
«Estaremos reorganizando este programa para los meses de julio y agosto, fecha en las cuales estaremos haciendo un recorrido especial, según nos fue comunicado por la misma institución del orden público», expresó la parroquia.
«Hagamos en cada hogar a “Minguito” un altar y de nuestros hogares una “iglesia doméstica” (…)», prosiguió la parroquia.
Más allá de las adaptaciones o coordinaciones, lo que deja entrever esta situación es una vez más cómo ha estado actuando el régimen de Daniel Ortega en la intervención u afectación de procesiones religiosas algo que quedó de manifiesto de manera especial en 2022 a través de varios ejemplos (Virgen de Fátima, San Miguel Arcángel y San Jerónimo, entre otras).
Pero en lo que va de 2023, además de Santo Domingo, también han sido varias las procesiones afectadas tal cual recuerda el medio local Confidencial como Jesús Sacramentado, el Señor de los Milagros, la Virgen de Candelaria, San Silvestre y San Sebastián.
Molestia y alguna explicación…
«Por qué tiene la Policía que orientar y decidir cuándo y cómo se deben realizar las actividades religiosas. Eso ha sido y debe seguir siendo facultad de la Iglesia a través de las parroquias», expresó una feligresa en declaraciones reproducidas por también por Confidencial y sin ofrecer su nombre.
En ese sentido, a la hora de buscar los motivos vinculados a estas prohibiciones, Confidencial publica este 8 de febrero otra nota titulada «”Iglesia por cárcel”, la embestida orteguista contras las procesiones» a través de la cual difunde las voces de algunos sacerdotes, bajo anonimato, que expresan, por ejemplo, que es parte del «odio visceral» contra la Iglesia católica «por denunciar las injusticias», además de tratarse de una expresión de «miedo».
«Se está ofendiendo al pueblo, que es creyente y una de las formas que tiene de manifestar la fe son las procesiones de los santos», agregó el sacerdote, al tiempo de que Confidencial es enfático en afirmar que «la Policía del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto “iglesia por cárcel” a las imágenes de varios santos patronos en Nicaragua».
El juicio contra Álvarez comienza antes
Mientras esto sucede y en las últimas horas también se confirmó la condena a 10 años de prisión de varios sacerdotes y laicos, la jueza Nadia Camila Tardencilla Rodríguez adelantó el juicio para el obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, monseñor Rolando Álvarez, quien permanece arrestado desde agosto de 2022 acusado de «conspiración» y «propagación de noticias falsas».
El juicio había sido programado en primera instancia para el 28 de marzo, pero acaba de ser adelantado para este 15 de febrero.
