El crecimiento exponencial del COVID-19 en algunas ciudades del interior argentino, después de meses de mayor impacto en el ámbito de Buenos Aires, llevó a que las autoridades nacionales impongan medidas restrictivas similares a las asumidas en marzo cuando el virus comenzaba a circular en el país.
Y en algunas diócesis de importantes ciudades del país como Córdoba y Mendoza, donde hace semanas bajo estrictos protocolos se permitía la concurrencia de fieles a las misas, alzaron rápidamente la voz exigir que se siga permitiendo la concurrencia.
Córdoba. El Arzobispado de Córdoba, en voz de su obispo, anunció en la semana que no acompañaría las últimas medidas restrictivas que tal como se anunciaron inicialmente prohibían el culto público por exageradas. Las restricciones, dijo el arzobispo Carlos Ñañez junto con sus obispos auxiliares, afectan a la salud espiritual de las personas, especialmente en un tiempo de cuarentena prolongada.
“No veo dificultad en que, observando con prudencia y como se viene haciendo las medidas protocolares, se pueda atender la imperiosa necesidad espiritual de todos los fieles”.
Ante el revuelo público el gobierno cordobés expresó que hubo un malentendido, que corroboró con las autoridades nacionales que las restricciones con respecto al culto se refieren a “actos donde hay una alta concurrencia de personas”, y que en la provincia “estarán permitidas las misas de hasta un máximo de 30 personas, bajo estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad sanitaria. También, los bautismos, los casamientos, las confesiones y los rezos individuales”.
Mendoza. El Consejo Presbiteral exigió “el derecho al culto público, consagrado por la Constitución Nacional” tras conocerse que las parroquias del Gran Mendoza no podrían seguir celebrando misas con concurrencia de fieles con las nuevas restricciones.
Inicialmente, el gobernador de Mendoza Rodolfo Suárez había expresado estupor por las medidas anunciadas por el Alberto Fernández, y explícitamente había hecho referencia a la importancia de la salud espiritual de los fieles. Pero tras viajar a Buenos Aires y reunirse con las autoridades nacionales, según publicó la prensa, “saldaron diferencias”, ya que, nuevamente, habría habido “malos entendidos”.
No obstante, como advierten los sacerdotes de Mendoza, “a su vuelta, nos encontramos con el hecho de que la única actividad sobre la que se dio marcha atrás es sobre el culto público cuya continuidad, o no, incluso quedaba bajo la jurisdicción del gobernador”.
Aún el gobierno mendocino no aclaró si como en el caso cordobés se está ante otro malentendido.
Chubut. Ya en la Patagonia, hace algunas semanas, los obispos habían advertido sobre la peligrosidad de disponer de las actividades religiosas con poco criterio en una carta enviada a su gobierno provincial. Atentos a los argumentos con los que se habilitan actividades con mayor concurrencia y manipulación de objetos comunes que la participación del culto en templos, los obispos de Comodoro Rivadavia y Esquel habían expresado:
“Nos resulta inquietante que los permisos y habilitaciones tengan como única variable la incidencia económica de las mismas; nos parece que mercantiliza la vida de las personas y reduce el valor de nuestros vínculos al rédito monetario. Si este es el camino, seguirá habiendo reuniones de trabajo, de acuerdos políticos, y los abuelos seguirán sin ver a sus familias, los enfermos sin un último abrazo o mirada”.
No es desconocer el virus y las normas necesarias de prevención. Cada una de las expresiones aquí citadas para poder celebrar de manera libre el culto público con participación de fieles aclara que se propone desde la más estricta observancia de las normas de seguridad, y se promueve, en los templos y en toda la sociedad, la prevención para evitar la propagación del virus. Un virus que se ha llevado la vida de laicos, religiosos, sacerdotes y obispos, que preocupa a todos. Exigir respeto y posibilidad de concurrencia no implica ignorar la Pandemia, se desprende de cada expresión.
La trampa de los protocolos
Hace algunas semanas, unos 160 referentes políticos de América Latina, entre ellos numerosos ex presidentes, de la Argentina, de Costa Rica, de Uruguay, Bolivia, Chile Brasil, firmaron una declaración que se titula “cuidemos la democracia para que no sea víctima de la pandemia”.
“Existen riesgos latentes que si no pensamos y actuamos con celeridad pueden producir un grave deterioro democrático”, dicen en el documento, y refieren a niveles de desigualdad, pobreza e informalidad, que constituyen no solo el principal obstáculo al desarrollo sino también el caldo de cultivo para las “soluciones populistas y/o autoritaria”.
La tentación del cheque en blanco para combatir el COVID-19, de que las instituciones sean absorbidas por un único poder político que decida sin el parlamento, sin la justicia, sin consultas, preocupa a los líderes, aunque no abordan de manera explícita la libertad religiosa. Pero sus advertencias sobre la libertad bien pueden aplicar a ella. Porque el riesgo va mucho más allá de misas con público.
En la Argentina, las aclaraciones a cuentagotas de los sucesivos decretos y autorizaciones van diferenciando por sacramento: confesiones, en estas circunstancias; bautismos, de estas características. Permisos, y registro, para las misas. Turno para confesiones. Permiso para bautismos. Permiso para visitar, no un enfermo, un sano, un pariente. Y todas medidas que, en ocasiones, parecer ser tomadas sin conocer cómo es el funcionamiento de la vida de una parroquia, y sin distinguir si es un santuario urbano o una capilla del campo. Y sin siquiera revisar la evidencia sobre las infecciones en lugares con culto público habilitado y cuidado en los meses ya transcurridos de Pandemia.
Preocupa la salud física, pero también la libertad, esa sin la cual no hay democracia posible. La tentación de ignorar los reclamos y necesidades de aquellos que ponemos la otra mejilla puede ser muy grande para democracias frágiles como las latinoamericanas.
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